Cuando Juan tenía 17 años, aceptó libertad provisional en Miami por hacer amenazas, un caso que, según dijo, se debió a la inmadurez de la juventud.
Sin embargo, como nació en México, de ascendencia cubana, Juan ahora enfrenta ser deportado a uno de esos países, aunque creció como residente legal en el sur de la Florida. En el sobrecargado sistema de cortes de inmigración, los abogados de Juan llevan luchando desde hace cinco años para tratar de obtenerle una prórroga, y estaban a punto de triunfar con una audiencia final que debía celebrarse poco después de Navidad.
Entonces llegó el cierre del gobierno federal.
La audiencia de Juan en una corte de inmigración de Miami se pospuso, un obstáculo más para recuperar su derecho legal de vivir y trabajar en Estados Unidos. Ahora con 23 años, Juan quiere tener una identificación legal, estudiar danza en la universidad y enrolarse en el Ejército, al igual que su padre, en la actualidad un soldado en activo. Pero sus planes están en suspenso en momentos en que el presidente Donald Trump continúa en su batalla para buscar fondos para la construcción de un muro en la frontera sur del país.
Su abogado, Andoni Gonzalez-Rua, dijo: “En estos momentos, su familia solo quiere una respuesta. Su caso ya debía haberse resuelto”.
Ahora, al entrar en su cuarta semana —hasta el viernes, empatado con el cierre más largo que jamás había tenido lugar— el empantanamiento del gobierno federal no ha hecho más que añadirle más caos y confusión a un sistema de cortes de inmigración que ya tenía serios problemas. Los jueces y el personal de las cortes han sido enviado a sus casas. Los abogados no pueden presentar mociones en la corte de inmigración del downtown de Miami. Para los inmigrantes que enfrentan deportación sin estar detenidos, las audiencias se han pospuesto de forma indefinida.
La ansiedad en la comunidad de inmigrantes, que ya estaba en un punto alto bajo la abierta hostilidad a la inmigración del gobierno de Trump, es cada vez mayor.
“Toma mucho tiempo preparar estos casos. Y ahora las vidas de muchas personas están detenidas por culpa del cierre”, dijo la abogada de inmigración Evelyn Alonso.
Incluso en el gobierno del presidente Obama, el sistema de cortes de inmigración del país tuvo dificultades debido al aumento de las deportaciones. Dado que Trump ha hecho una cruzada personal el asunto de combatir la inmigración ilegal y las deportaciones se han incrementado enormemente, el sistema de cortes se ha visto más afectado. El número de personas que buscan asilo en la frontera entre EEUU y México, muchos de ellos refugiados de Centroamérica, ha aumentado de forma alarmante, lo que le agrega una carga aún más pesada al sistema judicial.
El sistema de cortes de inmigración del país tiene más de 800,000casos pendientes, según Transactional Records Access Clearinghouse, de la Universidad de Syracuse. Solo en la Florida, el trabajo atrasado es de casi
60,800 casos, la mayor parte en Miami.
Para empezar, hay solo 400 jueces de inmigración en Estados Unidos, un sistema que lleva años padeciendo una gran escasez de personal, espacios para cortes y hasta intérpretes.
En repetidas ocasiones, el departamento ha solicitado que las cortes de inmigración sean independientes, lo que les permitiría contar con más recursos e imparcialidad.
Dado que la Cámara no puede financiar el muro que pide Trump, el gobierno federal cerró parcialmente el pasado 22 de diciembre, cortándole el pago a los empleados federales a la vez que ha provocado más dificultades en las filas de seguridad en los aeropuertos, deja los parques nacionales sin supervisión y a los contribuyentes sin el dinero que esperan se les devuelva.
Las demoras en las cortes federales de inmigración son particularmente serias en el sur de la Florida, ya que gran parte de la población proviene del Caribe, así como de América Central y América del Sur. Aunque las personas que buscan asilo en la frontera sur ocupan la mayoría de los cintillos noticiosos, hay un gran número de personas en el sur de la Florida en el sistema de cortes de inmigración esperando una visa para permanecer más tiempo en el país, o que enfrentar órdenes de deportación por haber entrado hace años sin permiso, o por cargos de delito menor que puedan convertirlos en candidatos a ser deportados.
Las audiencias en el Centro de Detención de Krome, en el oeste del Condado Miami-Dade y en otras instalaciones similares han seguido, a pesar de que al personal de las cortes no se les paga. Sin salario, ha habido escasez de empleados vinculados a procedimientos legales con personas detenidas. En una audiencia reciente para ventilar un caso de detención, la abogado Alonso no pudo seguir defendiendo a un cliente.
“No se pudo encontrar a un intérprete de español”, dijo Alonso.
Karla Lammers, presidenta del capítulo para el sur de la Florida de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, describió un situación caótica que ocurrió en Krome el viernes por la mañana. Lammers dijo que tuvo que esperar cinco horas para que se escuchara una petición. Los guardias de seguridad le dijeron que en el centro había una gran falta de personal por culpa del cierre.
“Todo el mundo se está viendo afectado”, dijo Lammers.
El cierre está también afectando a personas que quieren salir de EEUU.
Una mujer de 22 años, de nacionalidad colombiana, fue arrestada en Miami por conducir embriagada. Se quedó en el país más tiempo del que contempla su visa y entonces accedió a “ser deportada voluntariamente”, lo que le podría permitir regresar a EEUU después de tres años. Tal como le informaron las autoridades federales, la familia de la mujer pagó el boleto de avión y le envió el itinerario al agente de inmigración, que nunca procesó los documentos. Con el cierre, el agente tuvo que irse a su casa, se le explicó a la familia.
“La familia tuvo que gastar $400 adicionales para cambiar el vuelo”, dijo su abogado, Heriberto Hernández.