Renato, cuyo nombre no es Renato y pidió mantener su nombre bajo reserva, es uno de los más de 42,000 extranjeros cuyo caso en las cortes de inmigración fue suspendido debido al cierre parcial del gobierno, que este miércoles acumula 25 días.
“Él está libre, pero este mediodía se está reportando ante las autoridades de ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas)”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “El tiene una orden de deportación, sometimos un recurso para pararla, pero fue negado y citado. Tenemos pensado interponer una moción de reapertura para que no lo arresten y deporten, pero como las cortes están cerradas, no lo podemos hacer y el riesgo de deportación es alto”, agrega.
El escenario se dificulta con el paso de los días. “No tengo casos nuevos porque las cortes están cerradas”, dice Guerrero. “Hay miles de audiencias canceladas que serán reprogramadas cuando pase la crisis. El problema es que nadie sabe cuándo habrá una solución”.
Mientras tanto, más de 800,000 empleados federales siguen sin sueldo y más de la mitad de ellos en sus puestos de trabajo.
La otra crisis
El cierre parcial comenzó el 22 de diciembre después que el Congreso no aprobara los $5,700 billones que el presidente Donald Trump exige para construir el muro en la frontera con México, uno de sus principales compromisos de campaña.
El mandatario argumenta el pedido indicando que en la frontera existe una crisis que amenaza a la seguridad nacional, donde miles de personas en los últimos años llegan en busca de asilo.
“Pero todo esto ha causado otra crisis”, dice Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington. El 75% de las cortes de inmigración están paralizadas “y solo los casos de las personas no detenidas están siendo vistos”, agrega.
“Las personas no detenidas están teniendo varios problemas”, precisa. “Lo que más vemos son casos de personas que han esperado tres o cuatro años para una audiencia final. Pero las suspendieron y no saben si deberán esperar otros tres o cuatro años para que un juez resuelva sus casos”.
Angustias en aumento
Adams señala que “quien no tenga un caso (de inmigración) fuerte, le conviene (la suspensión de su caso porque dilata una eventual orden de deportación). Pero para muchos es una situación critica, sobre todo si tienen un caso de asilo y están a la espera de la aprobación del expediente para que puedan traer a sus familias”.
“En otros casos, hay inmigrantes que esperaron años para traer a sus familiares y esperan la aprobación final por parte de un juez para recibir sus permisos. Pero como las cortes están cerradas, las audiencias se suspendieron y deberán ser reprogramadas”, indica.
Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), dijo la semana pasada a Univision Noticias que la reprogramación podría dilatar hasta tres años, dependiendo de la extensión del cierre.
“Para las personas sus casos se vuelven más difíciles”, dice Adams. “En ciertos casos los inmigrantes que piden algún tipo de beneficio a través de hijos menores de edad y demuestran que sus parientes tendrán un sufrimiento extremo si son deportados, el problema es que si el hijo alcanza los 21 años y el juez no ha tomado una decisión porque la corte está cerrada, pierde el caso”, advirtió.
Los detenidos
Respecto a los casos de inmigrantes detenidos, “sus procesos siguen, las cortes no han suspendido sus audiencias”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Seguimos defendiendo a estas personas y presentando mociones para cada caso”.
Barrón, sin embargo, previno que las cortes “solo están cursando mociones en casos de emergencia”, situación que no garantiza que por ejemplo un caso de deportación vaya a ser detenido mientras se barajan otras opciones legales para que el extranjero permanezca en Estados Unidos.
“Las mociones de reapertura se pueden presentar para casos de inmigrantes detenidos, se supone, pero en situaciones de emergencia. En el caso de inmigrantes no detenidos, no las están escuchando porque las cortes no están abiertas debido al cierre parcial del gobierno”, reiteró Barrón.
Los abogados señalaron que las personas que se encuentran libres no representan una prioridad de seguridad nacional y, por tanto, no requieren de una moción de emergencia. “Estamos hablando únicamente de las personas detenidas. Las cortes siguen trabajando para atender estos casos. Pero debido a esta emergencia, sólo están escuchando los casos de emergencia y afectar al resto”, indicó.
Otros ejemplos
Otros ejemplos de inmigrantes afectados por el cierre parcial del gobierno y la paralización del 75% de las cortes de inmigración son:
Inmigrantes que tenían la última cita para verificar antecedentes criminales y aguardaron durante años para que un juez les aprobara el caso y recibieran la residencia
Inmigrantes con hijos menores de edad gravemente enfermos que tenían audiencia final y el menor está a punto de cumplir los 21. Si en la siguiente audiencia el hijo pasa de 21 años, el caso se pierde.
Casos en los que toda una familia está arreglando papeles para recibir la residencia (tarjeta verde), incluyendo a menores de edad. Si para la próxima audiencia los menores cumplen 21, automáticamente quedan fuera del paquete de arreglo.
“Son muchos los casos donde los inmigrantes esperaron años para la última audiencia y ahora sus futuros penden de un hilo”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.
“El cierre del gobierno no es excusa legal para perdonar o favorecer este tipo de casos”, concluyó.
El Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, dijo el lunes que al 11 de enero el número de cancelaciones en las cortes de inmigración se estimaba en 42,726, y que cada semana se sumarán otras 20,000, si el cierre continúa.
Hasta antes del cierre, las cortes de inmigración tenían acumulados 786,303 casos.