El nuevo protocolo del gobierno de Donald Trump que amplía la lista de razones por las que una persona puede ser llamada a presentarse ante un juez de inmigración para iniciar su proceso de deportación entra en vigor este próximo lunes 1 de octubre.
La normativa, anunciada en julio por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), contempla, entre otras razones, deportar a inmigrantes legales si infringen las normas de los programas federales y estatales relacionados “con la recepción de prestaciones sociales”.
La política actualizada está relacionada con la emisión de citatorios o notificaciones de comparecencia —Notice to Appear o NTA— ante un juez de inmigración, documentos que tradicionalmente establecen el principio del proceso de deportación de inmigrantes legales e indocumentados.
A partir del próximo lunes, los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración expedirán estos avisos en más casos: evidencia de fraude, actividad criminal o cuando a un solicitante se le niega un beneficio de inmigración y, por lo tanto, pierde su estatus legal para permanecer en territorio estadounidense.
En estas situaciones, los funcionarios de inmigración tendrán mayores facultades para emitir una NTA.
“Durante demasiado tiempo, los agentes del USCIS que descubren situaciones de actividad fraudulenta o penal han tenido limitada su capacidad para asegurar el cumplimiento debido de las leyes de inmigración de Estados Unidos”, expresó entonces el director del USCIS, L. Francis Cissna en un comunicado.
El nuevo protocolo, subrayó, ofrece más libertad a los funcionarios gubernamentales y les ofrece “guías claras que necesitan y merecen para reforzar las prioridades de cumplimiento de leyes establecidas por el presidente, manteniendo nuestras comunidades seguras y protegiendo la integridad del sistema de inmigración de los que tratan de burlarlo”.
En otro aviso de prensa enviado el miércoles para recordar a la ciudadanía la fecha de implementación del nuevo memorando de políticas sobre los citatorios judiciales NTA, la agencia informó que enviará “notificaciones de denegación de solicitudes que tienen impacto en el estatus para asegurar que las personas que solictan beneficios reciban la notificación adecuada cuando se les nieguen beneficios”.
Según USCIS, las nuevas directrices tienen por fin fortalecer las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional, que la semana pasada emitió una propuesta para impedir el acceso a la residencia permanente a inmigrantes legales que reciben ciertos beneficios sociales públicos.
Según el texto del memorando sobre el nuevo protocolo, la política revisada generalmente requiere que el USCIS expida una NTA en las siguientes categorías:
- Casos en los que se corrobore fraude o falsa representación, y/o cuando un solicitante abuse de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos. El USCIS expedirá una NTA incluso si el caso es denegado por razones distintas a un fraude.
- Casos penales en los que un solicitante sea convicto o acusado de un delito, o ha cometido actos que pueden ser catalogados como un delito, incluso si la conducta delictiva no fue la base para la denegación o deportación. El USCIS podría referir al ICE casos de actividad penal grave antes de la adjudicación de una petición de un beneficio de inmigración pendiente ante el USCIS sin expedir una NTA.
- Casos en los que el USCIS deniega un Formulario N-400, Solicitud de Naturalización, basándose en buen carácter moral debido a un delito.
- Casos en los que un solicitante está presente de manera ilegal en Estados Unidos después de la denegación de una solicitud o petición.
Aun así, la agencia migratoria aclaró el miércoles que continuará “dando prioridad a los casos de personas que tienen expediente penal, fraude o cuestionamientos en materia de seguridad nacional”.