Se trata de la ley HB 2315, la cual otorgará a agentes de seguridad (municipal y estatal o las policías universitarias) poderes extraordinarios para que actúen como agentes de inmigración y lograr la captura, arresto y deportación de inmigrantes que viven en el país sin un estatus legal, algo que para los activistas llevará al “racismo y una cacería”.
La entrada en vigencia de la normativa cae como balde de agua fría en “una comunidad atemorizada” y sobre todo cuando se tiene a la “policía preparada para lastimarla”, asegura Verónica Zabaleta, activista proinmigrante.
Con esta nueva medida legal, ningún funcionario o entidad de gobierno podrá adoptar una política de ciudad “santuario”, al negarse a colaborar con las autoridades migratorias.
Quienes lo hagan serán penalizados eliminándoles el otorgamiento de fondos públicos estatales “hasta que la política santuario sea derogada o rescindida”, establece el texto de la ley.
“Esta medida también dará poderes en hospitales, taquillas públicas y escuelas para hacer preguntas sobre el estatus migratorio”, denuncia Leticia Álvarez, vocera de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC, por sus siglas en inglés).
Álvarez explica que un empleado público podría empezar un interrogatorio de inmigración por perfil racial y sería difícil de demostrar. “Esta decisión fue darle luz verde a ICE para deportar inmigrantes utilizando a los empleados y agencias públicas”, agregó.
Ambas activistas creen en que esta ley puede convertirse en referente a nivel nacional. “Ya ha ocurrido con otras iniciativas racistas como la 287g, comunidades seguras y muchas otras que comienzan en un estado y otros comienzan a copiarlas”.
La Coalición resalta que esta medida convierte al estado “en un lugar peligroso para las familias inmigrantes y consolida nuestra reputación como uno de los estados más hostiles e inhospitalarios de la nación”.
Una ley antiinmigrante que impacta a toda la población
A pesar de que los hispanos solo representan el cinco por ciento de la población en Teneesse, según datos del Centro de Investigación Pew; son una fuerza laboral indispensable en el estado, que de no existir podría afectar a la economía, denuncian activistas y funcionarios públicos.
“En los condados pequeños la economía está basada en el trabajo que hacen los inmigrantes y, si ellos se van, van a sufrir mucho”, enfatiza Fabián Bedne, concejal de Nashville.
Bedne pone como ejemplo la industria avícola donde empresas nacionales como Tayson Chiken operan a toda máquina en el estado, o el sector del tabaco, donde la mano de obra es completamente inmigrante, según él.
“Esto es algo loco para mí. En los mismos condados donde la gente más se queja de los indocumentados son los condados que más usan el trabajo del indocumentado para crear la riqueza que tienen”, apunta Bedne.
Bedne agrega que la implementación de esta ley costará millones de dólares que saldrán del bolsillo de los contribuyentes, para preparar a los funcionarios públicos para que no cometan violaciones a los derechos humanos.
Además, dice que se necesitarían jueces de inmigración, lugares de detención para los inmigrantes y ver qué pasará con los niños separados de sus padres. “Esto una locura, una ley sin planificación”, dijo.
“Es extraño para mí el odio que la gente tiene para nuestra gente. Nuestra gente solo quería trabajar, tener un lugar seguro y por el odio de unos termina creándose estas situaciones”.
Policía de Nashville: “no vamos a parar a nadie para preguntarles si tienen documentos”
Ante el temor por la entrada en vigencia de la HB 2315, la policía Metropolitana de Nashville dejó saber mediante una entrevista con MundoHispánico que no hará cumplir la ‘ley de deportaciones masivas’.
“No estamos aquí para deportar a nadie”, dijo el oficial Gilbert Ramírez, vocero de la policía Metropolitana de Nashville, quien agregó: “nosotros no vamos a estar parando a nadie para preguntarles si tienen o no documentos, si son o no residentes. Ese no es nuestro trabajo”.
Ramírez aseguró a MundoHispánico que esta decisión fue tomada en una reunión con la directiva del cuerpo policial. “Vamos a seguir ayudando a la gente latina. Hacemos esto porque para nosotros es bien importante nuestra relación con la comunidad latina”, manifestó.
Aunque activistas como Zabaleta no creen en las promesas hechas por la policía local.
“Todavía no ha entrado en vigencia la ley y ya la policía hace lo que quiere. A mí un oficial de la policía metropolitana de Nashville me paró y me preguntó hasta por mi Seguro Social”, denunció Zabaleta.
Zabaleta dijo que a pesar del incidente ella no presentó una denuncia formal ante la policía, pero aseguró que junto a grupos proinmigrantes estarán vigilantes de otros casos similares que se puedan registrar y posteriormente emprender una demanda contra la ley.
Para Leticia Álvarez, directora de TIRRC, la preocupación va mucho mas allá de lo que ocurra con los cuerpos de seguridad pública en la capital.
“En las zonas rurales de Tennessee es donde existe más racismo y es donde se han ejecutado las redadas mas fuertes de ICE. Allí es donde creemos las comunidades estarán más vulnerables y las policías más agresivas”, apuntó Álvarez.