Los inmigrantes que padecen enfermedades crónicas, viejos, con poca educación o pobres están en la lista de principales afectados por la nueva regla de ‘carga pública’ anunciada el sábado por el gobierno de Donald Trump.
Si bien la noticia no tomó a nadie por sorpresa, un borrador del nuevo reglamento permite conocer detalles acerca de qué considerarán los agentes de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) al momento de otorgar o negar un beneficio migratorio.
Pero el problema va más allá de lo que estipule el nuevo protocolo que, antes de entrar en vigor, deberá primero ser publicado en el registro federal y otorgar un plazo de 60 días para comentario público. La semana pasada entró en vigor otra regla que concede a los empleados de la agencia ‘discrecionalidad total’ para autorizar o rechazar solicitudes, un arma clave de Trump para seguir adelante con su política de ‘tolerancia cero’ con los inmigrantes.
Escrutinio severo
La nueva regla de ‘carga pública’ divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece que los agentes de la USCIS determinarán sobre la base de los méritos de cada caso en particular, y a cada requisito asignarán una puntuación que solo concederá dos opciones: negativo o positivo.
Es decir, si por ejemplo un ciudadano pide la residencia legal permanente de un padre, el gobierno analizará toda una gama de factores entre ellos: edad, estudios, profesión, estado de salud, si tiene o no seguro médico, situación nanciera del hijo ciudadano que lo pide, evaluación de familiares inmediatos, establecerán si existe una amenaza de que en el futuro cercano se convierta en carga pública temporal o permanente, ingresos, enfermedades y/o estado físico, entre otros factores.
La suma de los valores positivos y negativos será lo que determinará si el agente autorizará el beneficio migratorio solicitado o lo rechazará por no apegarse al reglamento.
Cambio radical
La nueva herramienta sugerida por el gobierno de Trump “establece una rúbrica complicada a través de la cual un agente de la USCIS tendrá que hacer un inventario extenso de la habilidad económica del solicitante, para con esos datos determinar si la persona será una futura carga pública o no”, explica Armando Olmedo, abogado de inmigración y coautor del libro ‘Inmigración: Las Nuevas Reglas’, una guía de Univision.
“Se trata de una propuesta que cambiaría completamente la manera en cómo el gobierno define el uso de beneficios públicos”, agregó.
“El gobierno ahora analizará todos los factores, tal como edad, habilidad de trabajar, historial médico, nivel de educación y uso de beneficios públicos, entre otros, para ver si en su totalidad el análisis conlleva una determinación de que la persona será o se convertirá en una carga pública’”, indicó.
Olmedo dijo además que, “por lo que veo, tras una primera revisión del reglamento propuesto, una persona que haya usado beneficios públicos puede todavía calificar para recibir un beneficio migratorio, ya que todos los factores se analizarán en conjunto. Y en el caso de los factores negativos, estos tendrán que ser contrabalanceados por factores positivos. Pero hay que esperar la regla final”, precisó.
“Pero indiscutiblemente esta propuesta afectará la inmigración legal al país, y de forma desproporcionada a los inmigrantes pedidos por familiares con menores recursos financieros”, advirtió. “Afectará e impactará severamente al solicitante con condiciones médicas preestablecidas, con baja educación, edad avanzada y con discapacidades”, previno.
Llamado a detenerla
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) lanzó este lunes un llamado para “detener” la regla propuesta por el gobierno de Trump por medio de comentarios en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) cuando sea publicada.
“Los funcionarios públicos de todo el país, incluyendo líderes de ciudades y administradores de salud, se han pronunciado en contra de esta regla dadas las implicaciones negativas de largo alcance que tendría en la salud y en los inmigrantes”, dijo Anastasia Tonello, presidenta AILA.
Agregó que la propuesta es un ejemplo más del “muro invisible” que está erigiendo el gobierno de Trump “que debe ser frenado”.
“La regla propuesta es el último asalto del gobierno a las familias inmigrantes que son parte integral de la estructura de la sociedad estadounidense y han sido fundamentales para el éxito de nuestra nación”, dijo
Benjamin Johnson, director ejecutivo AILA.
“Afortunadamente, esta propuesta no es ley y podemos ayudar a prevenir que se convierta en la ley al expresar nuestra oposición a la misma, y señalar sus defectos a través del próximo proceso de comentarios públicos” cuando sea publicada en el Registro Federal, precisó.
Johnson dijo además que “en este momento, el pueblo estadounidense, propietarios de negocios y todo el mundo que se preocupa por los valores y la prosperidad de nuestro país, deben estar preparándose para comentar y decirle al gobierno de Trump que no respaldaremos su último plan para mantener separadas a las familias”.
Guerra avisada
A comienzos de mayo Univision Noticias anticipó que el objetivo del gobierno de Trump con el nuevo reglamento era afectar, entre otros, a recién nacidos estadounidenses que reciben subsidios de Medicaid o del seguro de salud, y que este detalle sería motivo para descalificar al padre extranjero de recibir una residencia legal permanente (tarjeta verde o green card).
Abogados consultados por Univision Noticias señalan que el endurecimiento de las medidas “obliga a revisar en detalle” el reglamento de cada ayuda que un inmigrante haya solicitado o vaya a requerir en el camino a obtener la residencia o la ciudadanía estadounidense.
“ Muchas ayudas son legales”, indica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias. “Pero no hay que olvidar que nadie que esté legalmente en Estados Unidos puede pedir beneficios públicos”, advirtió.
“Por ejemplo un turista o una persona en viaje de negocios con visa B1-B2 no puede pedir beneficios del gobierno. Es ilegal. Si se convierte en carga pública le afecta en cualquier trámite migratorio en el futuro, incluso pedir una nueva visa”, apuntó.
“ Los beneficios públicos son para personas que están en un estatus legal y varían si, por ejemplo, son residentes, ciudadanos o están bajo cualquier otro estatus legal, como asilados o refugiados”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
Y agrega: “Hay una larga lista de estas ayudas disponibles. Pero a partir de ahora, lo recomendable es revisar los reglamentos y determinar si es conveniente o no solicitarlo y que no afecte al estatus migratorio presente o evitar problemas en el futuro cuando pida, por ejemplo, la green card o cualquier otro beneficio a la USCIS”.