De pura “política” tildó la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) la amenaza lanzada por el presidente Donald Trump la semana pasada.
Primero lo hizo en la Casa Blanca al decir a periodistas que “el Congreso tiene que actuar. Tienen que deshacerse de todo el sistema de asilo, porque no funciona. Y francamente, también deberíamos deshacernos de los jueces”; y luego en otra intervención improvisada, esta vez junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg: “Tenemos que hacer algo al respecto del asilo. Y para ser honesto contigo, tienes que deshacerte de los jueces”.
Las dos opiniones del mandatario provocaron diversas reacciones en círculos de abogados y profesores universitarios, pero sobre todo en los jueces, quienes dijeron que una decisión de este tipo es prácticamente imposible.
En manos del Congreso
Las declaraciones del presidente sobre la remoción de jueces de inmigración “son políticas”, dijo a Univision Noticias Dana Leigh Marks, presidenta Emérita de la NAIJ. “Las leyes actualmente brindan dos audiencias de proceso por parte de los jueces para todos (los inmigrantes), excepto una pequeña porción de personas que ingresan a nuestro país”, agregó.
Marks dijo además que “para que eso cambie” debe hacerlo el Congreso. Y si bien a algunos “le gustaría cambiar la ley, es altamente improbable en este tiempo tan polarizado”, indicó.
“No creo que una legislación así despegue en el legislativo”, dijo Marks. “Estados Unidos se enorgullece de ser una nación de leyes y modelo de justicia” (…) “Despedir a los jueces del proceso de inmigración sería atentar contra los principios fundamentales de nuestro país y violaría tratados internacionales que hemos firmado. Este curso de acción es extremadamente improbable que ocurra”, indicó.
Debilita el debido proceso
Para abogados de inmigración y profesores universitarios la amenaza de Trump queda en eso, una amenaza, pero temen que las palabras debiliten el debido proceso migratorio, bajo ataque desde que el mandatario se instaló en la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.
“No creo que Trump pueda eliminar a los jueces, ni el sistema administrativo ni las cortes, que están contenidos en la ley de inmigración vigente”, dice Bárbara Hines, profesora retirada de la clínica legal de la facultad de leyes de la Universidad de Texas, en Austin. Sin embargo, la amenaza “es una forma de debilitar el proceso de asilo y de protección” que existe para los inmigrantes.
“Atacar el sistema judicial ha sido la manera de fortalecer su base electora”, indica Hines. “Sería un desastre para el sistema (si cumple su amenaza), y como muchas de sus políticas ilegales que ha tratado de implementar”, apuntó.
Trump “no puede”
“Trump piensa que los jueces de inmigración, de alguna manera, le impiden que pueda deportar a todos los inmigrantes sin el debido proceso”, dice la abogada Rebeca Sánchez-Roig.
“El mandatario, simplemente, quisiera que no exista el debido proceso, la ley de asilo y los compromisos humanitarios internacionales. Aparentemente piensa que los jueces de inmigración, de alguna manera, impiden que él simplemente deporte a todo inmigrante sin que tengan derecho a pelear sus permanencias en una corte”.
“Curiosamente, el gobierno lleva meses alegando que se necesitan más jueces de inmigración y ha contratado más jueces. Pero ahora tal parece que han dado vuelva en U con esa agenda”, indica. “Es obvio que Trump no entiende absolutamente nada de política internacional, y no tiene ni la más mínima idea de cómo lidiar con el reto de la inmigración. Cree que simplemente deteniendo y deportando a los inmigrantes resolverá el problema”, explica.
Sánchez-Roig dijo además que a pesar de lo que dice y hace Trump, “los inmigrantes tienen el derecho legal de solicitar asilo en Estados Unidos y eso por ahora no va a cambiar”, a menos de que el Congreso cambie la ley.
“Lo que sí puede hacer el presidente y seguirá haciéndolo, es exigir que aquellos solicitantes de asilo permanezcan en México durante el proceso y prohibirle la entrada al país hasta el día del juicio. Esto puede alentar a muchos de los inmigrantes a permanecer en México y buscar protección allí; ir a otro país, o tal vez incluso regresar a sus países”, precisó.
Problema viejo
Sánchez, quien fungió como fiscal de inmigración del Departamento de Justicia durante más de 15 años antes de ejercer el derecho migratorio en Miami, Florida, dijo que “los tribunales de inmigración han sido durante mucho tiempo objeto de críticas tanto de la derecha como de la izquierda. Se han documentado grandes disparidades en los resultados de los casos, tiempos de procesamiento asombrosos y retrasos, y una falta general de deliberación justa y significativa”.
“Una gran parte del problema es que no son jueces, y el supuesto componente “judicial” del proceso es meramente administrativo”, apuntó. “Los jueces son empleados del Departamento de Justicia y también lo son los jueces quienes revisan las apelaciones (BIA)”.
Y aunque no se trata de un cuerpo judicial verdadero y separado, “Trump no va a eliminar los tribunales de inmigración porque el presidente no tiene ese poder en el sistema constitucional de justicia en Estados Unidos. Él seguirá mintiendo. En algún momento, veremos que su propio partido (republicano) le pondrá el freno”, indicó.
Mientras eso ocurre, Sánchez-Roig dijo que “desafortunadamente la mayoría de los inmigrantes que solicitan asilo no tendrán éxito en sus casos y serán devueltos a sus países”.
Declaraciones “irresponsables”
En la costa oeste también existe preocupación por la amenaza de Trump. “Los comentarios que hizo el presidente son irresponsables e imposibles de realizar”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego.
“Las cortes de inmigración no solo escuchan casos de refugiados, también deciden el futuro de personas que son residentes permanentes, pero por haber cometido delitos ahora enfrentan un juicio de deportación”, explica.
“Asimismo, hay miles de personas que fueron detenidas y están pidiendo la cancelación de su deportación porque sus familiares cercanos, ciudadanos o residentes, sufrirán de manera excepcional, extrema e inusual si a ellos los deportan”, agrega.
Velásquez dice además que “por supuesto que el presidente sabe que no puede deshacerse de los jueces de inmigración, y el propósito de sus declaraciones es de fomentar rechazo y odio por parte del pueblo y su base política, que le aplaude cuando dice estas sandeces”.
Sería inconstitucional
En cuanto a eliminar la ley de refugiados, que norma la ley de asilo, Velásquez dijo que “Trump no tiene el poder como Ejecutivo de hacerlo. Eso le corresponde al Congreso, el cual no cambiará una ley que está basada en la Convención de refugiados, a la cual estamos adheridos”.
“Las consecuencias son peligrosas por el mensaje que envía a los agentes (federales) en los puertos de entrada y los oficiales de asilo político, los cuales sí pueden ser influenciados por sus comentarios. A eso se debe que inspectores en los puertos de entrada les cierren la puerta a los refugiados y les digan que ya no existe el asilo”, advierte.
Velásquez dice además que “otra consecuencia es utilizar la crisis de refugiados como plataforma política para su reelección. Al sembrar la semilla de descontento entre los ciudadanos, lo podrían ver como el salvador del país, porque es el único que puede frenar el ingreso de migrantes y refugiados”.
Y señala además que “su reciente declaración de que los demócratas quieren una frontera abierta es otra mentira más para buscar el apoyo de los votantes”.
“El presidente parece no entender, o por lo menos pretende no entender la Constitución en cuanto a que tenemos tres ramas (de gobierno) y que él no puede actuar como si fuera el legislativo, el judicial y también ejecutivo”, concluyó.