Este lunes 10 de diciembre vence el plazo de 60 días para el comentario público de la nueva regla de ‘carga pública’ propuesto por el gobierno de Donald Trump, normas que, de ser implementadas, para unos “no tendrán un impacto apreciable” por ejemplo en los residentes legales permanentes, pero otros advierten que afectará severamente, sobre todo a familiares de quienes ya están en Estados Unidos, la inmigración futura.
La nueva regla, explica el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el documento publicado en octubre en el Registro Federal, “propone prescribir cómo determina si un extranjero es inadmisible a Estados Unidos” según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) o “porque sea probable que, en cualquier momento, pueda
convertirse en una ‘carga pública’”.
En ambos casos, de ser determinado, el extranjero que solicita un beneficio de inmigración le será negado el trámite, un cambio que para unos es favorable, pero otros insisten en que la nueva regla se basa en un sistema de méritos que deja fuera a los inmigrantes de bajos recursos.
“Los extranjeros que buscan un ajuste de estatus o una visa, o que son solicitantes de admisión, deben demostrar que no es probable que en ningún momento se conviertan en ‘carga pública’, a menos que el Congreso los haya eximido expresamente de este motivo de inadmisibilidad o les haya permitido buscar una renuncia de inadmisibilidad”, advierte el nuevo reglamento.
Además, agrega la propuesta, “el DHS propone exigir a todos los extranjeros que buscan una extensión de la estadía o un cambio de estatus que demuestren que no han recibido, no están recibiendo actualmente, ni es probable que reciban beneficios públicos tal y como se define en la regla propuesta”.
Clima de preocupación
El cambio de política propuesto por el gobierno de Trump, sin la participación del Congreso -como ha sido la totalidad de la implementación de su política de tolerancia cero-, podría desalentar dramáticamente la solicitud de residencia (green card o tarjeta verde) y alejar a miles de inmigrantes que, por ahora, acceden a atención con apoyo del gobierno, un panorama que inquiera tanto a pacientes como médicos.
El California Academy of Family Physicians (CAFP), una organización que cuenta con más de 10,000 miembros, dijo tras la publicación de la norma que los cambios propuestos por el DHS “son enormes”, y señaló que en el año fiscal 2016 “cerca de 43.7 millones de inmigrantes vivían en los Estados Unidos” y muchos de ellos son elegibles en estos momentos para pedir ciertas ayudas públicas.
La nueva regla podría afectarlos seriamente a la hora de solicitar un beneficio migratorio, como por ejemplo la residencia legal permanente (LPR) o la petición de un familiar inmediato (cónyuge, padre o hijo), agregó la academia.
Sin embargo, Kirstjen Nielsen, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, reitera que “bajo una ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”.
La funcionaria agrega que los cambios propuestos “promoverán la autosuficiencia y protección de recursos finitos, asegurando que los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes”.
Los defensores
Para el Center for Immigration Studies (CIS), un grupo conservador, la propuesta con la nueva regla de ‘carga pública’ bloqueará a pocos y “miles serán salvados”.
Añade que el nuevo reglamento “garantiza que las personas admitidas como inmigrantes y visitantes temporales sean más autosuficientes y no una carga pública, de acuerdo con una disposición de larga data en materia de inmigración”.
“La regla propuesta ampliará los tipos de asistencia pública que serán considerados por los funcionarios de inmigración al hacer una determinación de carga pública para los nuevos solicitantes, y será más estricto sobre cuánta o futura dependencia de la asistencia pública descalificará a un solicitante”, dice Mark Krikorian, director ejecutivo del CIS.
“ Vale la pena mencionar repetidamente que esta regla no tiene un impacto apreciable en las personas que ya tienen tarjetas de residencia o que se han naturalizado”, señala Krikorian. “Casi todas las descripciones de la regla dicen erróneamente que la penalizará o impedirá que los inmigrantes accedan a los beneficios de asistencia social. Eso es falso; potencialmente podría penalizar o bloquear a los solicitantes”, indicó.
Los detractores
Para el National Immigration Forum (NIF), el impacto de la nueva regla tendrá un “efecto escalofriante en las familias inmigrantes”.
Señala que la propuesta hecha por el DHS en octubre “redefinirá el significado del término legal ‘carga pública’ para rechazar a los inmigrantes que solicitan una visa de inmigrante (tarjeta verde) o una visa temporal si han accedido anteriormente o se considera que es probable que dependan sobre ciertas formas de asistencia pública en el futuro”.
Y agrega que, de ser puesta en vigor, “haría más difícil para los inmigrantes legales que llegan a Estados Unidos, y es probable que continúe teniendo un efecto escalofriante en las familias inmigrantes que son elegibles para recibir asistencia y que contribuyen a Estados Unidos todos los días en el trabajo y en sus comunidades”.
Para la organización UnidosUS (ex Consejo Nacional de La raza), el grupo hispano más grande del país, “el nuevo reglamento de ‘carga pública’ de Trump limitaría el acceso a alimentos saludables, atención médica y viviendas para las familias inmigrantes. Haría de Estados Unidos una nación más enferma, más hambrienta y más pobre”, escribió en su cuenta de la red social Facebook.
Quienes se libran
De acuerdo con el reglamento publicado en el Registro Federal, estos son los principales grupos de inmigrantes que quedarán exentos de ser declarados como ‘carga pública’ si entra en vigor la nueva norma y en caso de solicitar, por ejemplo, una visa o la residencia (tarjeta verde):
Refugiados y asilados. (Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecusión por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política).
Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.
Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).
Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano. Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal. Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).
Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.
No-inmigramtes víctimas de crimenes que pìden la visa U.
Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.
Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.
Tras la publicación de la propuesta en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), el gobierno abrió una ventana de 60 días para recibir comentarios públicos, un periodo que vence este lunes 10 de diciembre.
Organizaciones nacionales de ayuda a inmigrantes reiteraron la importancia de emitir comentarios para que el gobierno, por ley, los considere e incluya en la redacción del reglamento final, que podría ser publicado en un par de semanas.