El gobierno de Donald Trump está utilizando a niños detenidos en la frontera y enviados a centros de detención como “carnada o cebo” para arrestar a padres, familiares o patrocinadores indocumentados que vayan a buscarlos, según los argumentos contenidos en una demanda de Acción de Clase interpuesta por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
Los grupos alegan que al menos 10,000 menores y familiares han sido detenidos por las autoridades de inmigración.
La totalidad de los niños incluidos en la demanda han sido enviados al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), una dependencia que opera bajo el mando del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
En la demanda, interpuesta entre otros por el Southern Poverty Law Center (SPLC), el Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), el Northwest Immigrant Rights Project (“NWIRP”) y un bufete de abogados de Washington DC, denuncia la existencia de un memorando interno, recientemente filtrado, donde revela la estrategia del gobierno, a pesar de que este no la reconoce como una política vigente.
Los demandantes señalan además que, incluso el gobierno reconoce explícitamente que, si se implementaran estas detenciones, esto prolongaría la detención de los miles de niños inmigrantes.
Protecciones en riesgo
La táctica oculta, además, pone en riesgo el cumplimiento de disposiciones aprobadas por el Congreso para el tratamiento de menores inmigrantes detenidos en las fronteras, entre ellos la Ley TVPRA de 2008 sobre prevención de tráfico humano.
La legislación prohíbe al gobierno la deportación de estos niños de manera automática o acelerada, y ordena que los menores sean enviados a una corte de inmigración para que sea un juez quien decida sus permanencias en Estados Unidos.
Además, un acuerdo judicial (Flores) de 1997 prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad, medida que no ha sido respetada por los últimos dos gobiernos en el esfuerzo por contener la oleada de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera sur del país en busca de asilo.
En la demanda se señala que entre los miles de niños afectados muchos “han hecho el largo y peligroso viaje hacia Estados Unidos sobreviviendo al trauma y huyendo de la violencia y la persecución en sus hogares y países de origen solo para encontrarse detenidos en la ORR”.
Cambio de postura
Durante el gobierno de Obama el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) garantizó que los padres o familiares de los niños detenidos en la frontera, y que viven en Estados Unidos, pueden reclamar la custodia de sus pequeños para que esperen en libertad la resolución de sus casos migratorios, aunque estén indocumentados en el país, excepto si tienen antecedentes criminales.
Pero la demanda señala que padres y familiares que han acudido a los centros de la ORR para reclamar a sus hijos y/o parientes, “ahora se encuentran sujetos a un proceso de selección arbitrario, sin estándares, aparentemente interminable, que además, innecesariamente los pone en mayor riesgo de ser arrestados por las autoridades federales de inmigración” para ser deportados de Estados Unidos.
Hacer uso de niños para arrestar a sus patrocinadores y mantener a los menores detenidos innecesariamente es “una abominación”, dijo Mary Bauer, subdirectora legal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center y que fue citada por el Huffington Post en un artículo publicado en su página web. “Es cruel, es impactante, y es tan horrible como los otros tipos de separación familiar que hemos visto.
Este no es un problema que haya sido resuelto”, agregó.
Lo habían advertido
La utilización de menores para perseguir a padres y familiares con o sin papeles de permanencia legal en Estados Unidos, de alguna manera había sido advertido en junio de 2017 por el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly.
El funcionario anunció en aquella ocasión que el gobierno tenía previsto aplicar, en algún momento, esta iniciativa el 22 de febrero en memorandos que mostraron el reglamento para implementar las acciones ejecutivas migratorias del presidente Trump.
El DHS confirmó en ese momento a Univision Noticias que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzaría a imputar a familiares de niños inmigrantes traídos a Estados Unidos con cargos de tráfico humano. “ICE tiene como objetivo interrumpir y desmantelar de extremo a extremo los caminos ilícitos utilizados por organizaciones criminales transnacionales y facilitadores de contrabando humano”, dijo la agencia en un correo electrónico.
Agregó que “estamos llevando a cabo una iniciativa de impulso centrada en la identificación y la detención de personas involucradas en operaciones de contrabando ilícito de seres humanos, para incluir a los patrocinadores que han pagado a las organizaciones criminales para introducir a los niños en Estados Unidos”, en referencia directa a las familias.
Según datos de la ORR, en 2017 aproximadamente el 90% de todos los niños no acompañados arrestados en la frontera con México fueron entregados a un miembro de la familia que reside en Estados Unidos.
Los registros y datos financieros de investigaciones llevadas a cabo “demuestran que los patrocinadores que reciben la custodia de estos niños han contratado los servicios de organizaciones criminales de contrabando humano para llevar a sus hijos a los Estados Unidos”, aseguró ICE.
Quieren cambiar la ley
El martes, un grupo de senadores republicanos presentó un proyecto de ley para lo que resta del presupuesto de gastos para el año fiscal 2019, que incluye una partida de 5,700 millones para construir el muro en la frontera con México, pero a cambio de severas modificaciones a la ley de inmigración, entre ellas protecciones para los menores de edad.
La iniciativa, entre otras medidas, pide que los niños al llegar a Estados Unidos no sean inmediatamente elegibles para el asilo, además de eliminar todas las protecciones de asilo para estos durante al menos ocho meses.
Los cambios añaden que los niños en el programa serían sujeto a una decisión no revisable por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y nunca verían a un juez de inmigración, contrario a como se encuentra actualmente estipulado.
Para ser aprobado el proyecto requiere 60 votos en el Senado, donde los republicanos cuentan con 53.
La Cámara de Representantes está controlada por los demócratas luego que los republicanos perdieran la elección de medio término del pasado mes de noviembre.